Publicado el February 18, 2009 por: CENCOS / Radiobemba FM
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Unas 145 organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y estatales así como particulares han enviado un igual número de cartas al magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, para demandar una resolución imparcial y apegada a derecho de la apelación que interpuso la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de un amparo que fue otorgado a cuatro de los cinco indígenas me´phaa presos en el penal de Ayutla.
CENCOS / Tlachinollan
Día de Publicación: 2009-02-18
Unas 145 organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y estatales así como particulares han enviado un igual número de cartas al magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 21 Circuito con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, para demandar una resolución imparcial y apegada a derecho de la apelación que interpuso la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de un amparo que fue otorgado a cuatro de los cinco indígenas me´phaa presos en el penal de Ayutla.
Asimismo las ONG exigen a la PGR un alto a la obstrucción del proceso de liberación de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina, cinco defensores de derechos humanos integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), quienes fueron detenidos desde el 17 de abril de 2008.
Al gobierno de Guerrero y federal, demandan la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de otros 10 miembros de la OPIM así como el cumplimiento de las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asegurar la vida e integridad personal del resto de los integrantes de la misma organización y de los mismos presos.
En las cartas las organizaciones, citan que el 7 de julio, los cinco detenidos acudieron ante la justicia federal, presentando el amparo N°982/2008 en contra del auto de formal prisión que les dictó el 25 de abril el juez Mixto de Primera Instancia radicado en Ayutla de los Libres, por el supuesto delito de homicidio en agravio de Alejandro Feliciano García que ha sido identificado por la OPIM como informante del Ejército.
También destacan que las ONG que el 15 de octubre de 2008, la jueza Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, concedió el amparo a cuatro de los cinco presos al no encontrar pruebas que los culpen y ordenó su inmediata libertad, pero el 30 de octubre justo el último día en que vence el plazo para impugnar la resolución, un Ministerio Público de la PGR presentó una apelación a pesar de que había quedada demostrada su inocencia.
Tlachinollan inició una campaña de cartas hace dos semanas porque a casi cuatro meses de que la juez Larumbe Radilla ordenó su libertad, aún permanecen en prisión los cinco defensores de derechos humanos que fueron adoptados por Amnistía Internacional como presos de conciencia, el 11 de noviembre; y en respuesta 145 ONG e individuos han externado su preocupación al magistrado Jesús Rafael Aragón.
Entre las organizaciones se encuentran Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG) con sede en Washington; la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos; Swedish Fellowship of Reconciliation (SWEFOR) de Suecia; Inititive Mexiko con sede en Alemania; Solicitors International Human Rights Group (SIHRG) de Londres y Task Force on the Americas de California, Estados Unidos.
También están: la Academia Mexicana Derechos Humanos, el Centro de Alternativas para el Desarrollo, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
El encarcelamiento injusto de los cinco defensores de derechos humanos de Ayutla y la desaparición forzada de dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, confirman por qué el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones (ONU) le hizo 91 recomendaciones a México en el marco del Examen Periódico Universal de la situación de los derechos humanos.
Ante este escenario hoy el Estado mexicano tiene la oportunidad para mejorar el respeto de los derechos humanos como le recomendó la ONU, haciendo justicia al pueblo me´phaa poniendo en libertad a los cinco defensores de derechos humanos presos en Ayutla y localizando a los dos dirigentes del pueblo mixteco que fueron desaparecidos de manera forzada desde el pasado viernes 13 de febrero.
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